Llevamos unos meses en los que resulta noticiable el día que el Boletín Oficial de Estado no nos regala una nueva reforma y no, no se tratan de pequeñas modificaciones legislativas, sino de auténticas revoluciones en nuestro ordenamiento jurídico. Y, sinceramente, creo que no exagero con esa definición si tenemos en cuenta que, entre otras, tenemos –al fin- una completa Ley de Jurisdicción Voluntaria, un totalmente remozado recurso de casación contencioso-administrativo, unas nuevas leyes de procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público (tras más de 20 años, la famosa “Ley 30/92” va a quedar derogada) unas intensas modificaciones en materia de contratación pública, una profusa modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un nuevo juicio verbal civil, acompañado de un incremento de las funciones del procurador, un nuevo sistema de valoración de daños en accidentes de circulación (más conocido como Baremo de Tráfico), cambios relevantes en la Ley de la Jurisdicción Social, que ni siquiera ha alcanzado aún los cuatro años di vigencia, la enésima modificación de la Ley Concursal…. ¡si hasta se han acortado los plazos de prescripción del Código Civil!.
Uno casi pierde el aliento recopilando las modificaciones producidas entre julio y octubre de 2015 (afortunadamente, agosto dio “algo” de respiro a este afán legislativo –digo algo, porque, entre otros, el BOE de 1 de agosto, sábado, para mas INRI, publicó el Real Decreto por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas).
Los abogados, como la mayor parte de los profesionales de cualquier ámbito y sector, debemos estar al día y en permanente formación; así, debemos conocer los últimos criterios jurisprudenciales, las nuevas disposiciones normativas, su período de entrada en vigor, su régimen transitorio, etc., pues de ello depende una adecuada defensa de los intereses de nuestros clientes. Hay mucho en juego, pero, sinceramente, considero que hemos entrado en una espiral legislativa que nos impide atender debidamente a nuestra profesión (despachar con nuestros clientes, negociar con los letrados de las partes contrarias, acudir a la celebración de las vistas, presentar ese recurso sujeto a plazo preclusivo…) y, a la vez, conocer qué innovaciones nos trae el poder legislativo.
Por ello, más que nunca, es vital en nuestra profesión contar con una ayuda y, en este sentido, quiero felicitar a mis compañeros de SEPÍN por la inestimable labor de compilación y análisis de las novedades producidas en las materias que constituyen sus respectivas especialidades jurídicas. Así, gracias a una inversión temporal de escasos minutos, podemos conocer a través del TOP jurídico Penal todo lo relevante de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; si lo que queremos resolver alguna duda sobre el nuevo Baremo de Tráfico, podremos acudir al TOP Responsabilidad Civil, Seguro y Tráfico y así sucesivamente a través de cada uno de los portales especializados que contienen un conciso y sencillo análisis, y no por ello menos exhaustivo, de las distintas reformas de mayor relevancia (p. ej. Nuevo Juicio Verbal, todo sobre la Jurisdicción Voluntaria en Familia).
Personalmente, y como responsable del área administrativo, me permito aprovechar este post para felicitar al fantástico equipo de juristas especializados en Derecho Administrativo, editores, correctores y maquetistas, pues entre todos ellos han conseguido elaborar una “Guía práctica del nuevo procedimiento administrativo común”, que considero herramienta imprescindible para todo abogado administrativo, y que cuenta con un análisis de la reforma elaborado por el Magistrado de este orden jurisdiccional Lucas Osvaldo Giserman, cuadros comparativos con la Ley 30/1992, formularios básicos adaptados a la nueva Ley 39/2015, Preguntas y Respuestas sobre las novedades del procedimiento, esquemas visuales, etc.).
Y como el Derecho administrativo me ocupa y me preocupa, no quiero dejar de mencionar la exégesis que realiza, a través de su Preguntas y Respuestas, sobre el nuevo recurso de casación contencioso-administrativo uno de los Magistrados de lo contencioso-administrativo que más claro es en sus exposiciones, Javier Latorre Beltrán.