Los alimentos de los ascendientes, ¿obligación moral y no legal?

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Natalia García García

Directora de Sepín Familia. Abogada

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en Sentencia 154/2017, de 7 de marzo (SP/SENT/891630) desestima la acción de reembolso del art. 1.158 CC, interpuesta por un hermano frente a otro, reclamándole la mitad de los gastos derivados del ingreso de la madre de ambos en una residencia geriátrica.

En Primera Instancia se condenó al demandado al abono de la cantidad reclamada. La Audiencia Provincial confirmó el fallo de la instancia por considerar que había una obligación de hacer frente a estos gastos que el demandado no llegó a pagar y que “nace del auxilio económico prestado por uno solo de los hermanos que a ambos incumbe”.

El recurso de casación es estimado por entender que el art. 1.158 CC no se aplica correctamente, puesto que el pago que no fue hecho por cuenta ajena, sino por cuenta de quien lo hacía y de forma voluntaria en beneficio de su madre. Entiende el Pleno de la Sala que ninguna petición de reembolso cabe de cantidades cuyo pago no puede ser exigible.

Se trata de una sentencia muy bien fundamentada, pero tras sucesivas lecturas, a mí personalmente me genera perplejidad e incluso cierto dolor: ¿es que no debían ambos hermanos atender a la obligación urgente de prestar alimentos y auxilio a su madre, como prevé el art. 143 CC?

Para comprender mejor lo sucedido, es importante conocer la secuencia de los hechos:

  1. La madre hizo donación de todos sus bienes y derechos a sus dos hijos en 1991 y desde entonces hasta su fallecimiento en 2012, contaba únicamente con una pensión de jubilación de 533,44 €.
  2. En marzo de 2009 sufrió un infarto cerebral, como consecuencia del cual y ante su estado de salud y absoluta dependencia fue ingresada por el hijo demandante en una residencia. Desde entonces, sus gastos mensuales ascendían a 2700 €, ocasionalmente incrementados por otros cuidados especiales.
  3. En 2010, el demandante solicitó y obtuvo una subvención de la Diputación Foral, reduciéndose así el coste de los gastos generados por la madre.
  4. Se dispone en los Antecedentes que “El demandado se negó a colaborar en el pago de los gastos generados por la estancia en la residencia, pese a los requerimientos del demandante en tal sentido. Manifestó su desacuerdo con la estancia de su madre en una residencia que no fuera pública y preferir la atención domiciliaria por períodos sucesivos en casa de cada hermano. Lo que nunca puso en práctica”.
  5. En 2010 se interpuso por la madre una reclamación de alimentos contra sus dos hijos que concluyó en 2011 mediante Auto, homologando la transacción a la que llegaron las partes. Se comprometían a sufragar por mitad el coste de la residencia en cuanto no fuera cubierto por la subvención.
  6. El demandado no colaboró al pago de los gastos generados hasta noviembre de 2010 y que habían sido íntegramente sufragados por el demandante y ascienden a 45.015,52 €. El demandante reclama a su hermano la mitad: 22.507€.

Qué artículos están en juego

  • Art. 142 CC. Concepto y contenido de los alimentos

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

  • Art. 143.2.º CC. Quiénes están legalmente obligados a darse alimentos

Entre los sujetos obligados a darse recíprocamente alimentos, se encuentran, además de los cónyuges, los ascendientes y descendientes.

  • Art. 145 CC. Qué hacer cuando recaiga sobre dos o más personas

En ese caso se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo.

Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo.

Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, podrá el Juez obligar a una sola de ellas a que los preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de los demás obligados la parte que les corresponda”.

  • Art. 146 CC. Principio de proporcionalidad

La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”.

  • Art. 148, párrafo 1, CC. Desde cuándo serán exigibles

La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda”.

  • Art. 1.158 CC

Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.

El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad.

En este caso solo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago”.

Argumentación de la Audiencia

La Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 3.ª, en resolución de 27 de febrero de 2015 (SP/SENT/891659), sentenció que, incumbiendo a ambos hermanos la prestación de auxilio económico, debía prosperar la acción de repetición de los gastos de la residencia de la madre que habían sido asumidos exclusivamente por el actor.

Considera que en este supuesto estamos ante una acción de repetición y no ante un juicio de alimentos. Señala que la cuestión clave es la de dilucidar si el auxilio económico prestado exclusivamente por uno de los dos hijos a la madre puede ser repercutido. “(…) Nos encontramos ante una acción de repetición que hunde sus raíces en la atención de que finalmente se declaró acreedora a la Sra Benita, (nunca se puso en cuestión la obligación de dicha atención sino el modo, medios u oportunidad) lo cual no puede confundirse con la cuestión que ahora nos ocupa: dilucidar si el auxilio económico necesario prestado de forma primigenia por el actor a la madre de ambos litigantes, haciendo frente a los gastos de residencia y demás generados por el ingreso de la misma; ingreso derivado por sus limitadas condiciones físicas, supliendo así el voluntario cumplimiento del deber que los vínculos de sangre impone puede o no ser repercutido. No es el presente un juicio de alimentos se limita el actor a reclamar el actor del hermano demandado aquellos gastos o auxilio económico a que no contribuyó voluntariamente (…)”.

Argumentación del Tribunal Supremo

El recurso de casación gira entorno a dos motivos y ambos se estiman:

 1. Infracción de la Doctrina de la Sala del art. 148.1 CC, según la cual los alimentos solo deben abonarse desde la fecha en la que se interponga la demanda.

2. Infracción de la Doctrina de la Sala sobre el art. 1.158 CC. Se argumenta “que la acción de reembolso solo procede cuando el pago se realiza por cuenta de otro y en su nombre, a fin de obtener el reembolso de lo satisfecho. No existiendo deuda previa del demandado a favor de su madre, no puede exigírsele reembolso alguno”.

La Sala entiende que la Audiencia no aplica correctamente el art. 1.158 CC, porque este precepto se refiere a las personas que voluntariamente pagan deudas ajenas y el deudor al que se refiere el artículo es el real y verdadero, el obligado al pago, a quien el pago favorece. Y, en este caso, el pago no fue hecho directamente por cuenta ajena, sino por cuenta de quien lo hacía y de forma voluntaria en beneficio de su madre.

Considera que, en este caso, la deuda era propia del demandante, quien la asumió de manera voluntaria, sin comprometer a su hermano. Tampoco se trata de una deuda solidaria del art. 1.145 CC. “Y es evidente que ninguna petición de reembolso cabe de cantidades cuyo pago no puede ser exigible”, de modo que los alimentos no se abonarán sino desde la fecha de la demanda, art. 148 CC.

Cuestiones planteadas

  • ¿Hay un deber natural o moral de atender a los ascendientes?

El propio Ponente, el Magistrado Seijas Quintana, apunta que sí, desde el momento que establece que todo lo expuesto se entiende “sin perjuicio de las consideraciones que pudieran hacerse en el orden moral respecto a la posición del demandado, lo cierto es que este no debía a su madre unos alimentos que su hermano hubiera pagado por él”.

Incluso señala que “Puede haber, sin duda, una obligación natural a cargo de quien hasta el momento de la transacción judicial no colaboró al sostenimiento alimenticio de su madre, pero lo cierto es que la ley no concede acción para pedir el cumplimiento de un deber de esta clase en la forma en que ha sido interesada”.

En el Derecho Romano se entendía la prestación de alimentos entre parientes como una obligación natural, relacionada con el deber moral de socorrer a aquellos parientes que se encontraban en situaciones de rigurosa necesidad. Siglos más tarde, este deber moral u obligación natural se fue configurando en una obligación jurídica y legal entre parientes. Si es así, ¿por qué no se reconoce en esta sentencia?

  • Negación de la existencia de una deuda del hermano hacia la madre

La Sala entiende que no cabe reconocer el derecho de repetición, porque no se trataba de una deuda ajena. El hermano que se niega a colaborar y a contribuir a estos pagos “no debía a su madre unos alimentos que su hermano hubiera pagado por él”. ¿No tenía obligación de atender también a las necesidades de su madre tras el infarto cerebral sufrido y que obligó al demandante a ingresarla en una residencia? Según la Sentencia, no. Pues ni se pidieron alimentos para la madre con carácter provisional ni se ha pagado por el hermano solo lo urgente, ni se ha reclamado desde el principio, ni tampoco se hizo una reserva de los pagos efectuados. Por lo tanto, sin previa reclamación, no puede accederse al derecho de repetición, pues no hay deuda.

  • Exigibilidad de los alimentos

Se trata de una sentencia criticable desde el punto de vista humano, al negar la existencia de la obligación legal, que no natural y moral, de atender a las necesidades y alimentos de la madre por parte de uno de los hermanos. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, si no ha habido previa solicitud del reconocimiento de esta obligación, no cabe admitir una reclamación posterior de pagos hechos unilateralmente, aunque tuvieran muy buen fin.

En Sentencia dictada por el Pleno de la Sala del Tribunal Supremo el 30 de septiembre de 2016 (SP/SENT/871877), se reitera la doctrina en torno a la retroactividad de los alimentos. Dispone que con la frase final del art. 148.1 CC el legislador ha querido proteger al deudor de los alimentos, evitando que le sea reclamada una cantidad elevada de dinero al que podría desconocer o dudar razonablemente que era el deudor.

Si ponemos estos en relación con la sentencia objeto de este post, también surgen otras preguntas:

  • ¿Proporcionamos mayor protección al deudor de los alimentos que al necesitado de los mismos?
  • ¿Existe solo la obligación de alimentos cuando se ha reconocido judicialmente?
  • ¿Queremos judicializar todas las relaciones familiares?
  • ¿Dejamos que se beneficien de esta sentencia los que no asumen sus obligaciones y no pagan alimentos a sus ascendientes?
  • ¿Eliminamos el derecho de reembolso que reconoce el art. 145.2 CC?

Conclusión

El propio Tribunal Supremo ha señalado en numerosas sentencias que la obligación de dar alimentos es una de las obligaciones de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico, alcanzando rango constitucional, como establece el art. 39.3 CE.

Este Tribunal ha realizado una labor de acercamiento cuidadoso, adelantándose al legislador en cuestiones tan esenciales como el interés superior del menor y el interés y protección del discapaz. ¿Podríamos plantearnos empezar a hablar del interés de los ascendientes más necesitados? ¿Estaría dispuesta la Sala?

Es una realidad social que el envejecimiento de nuestra población va a incrementar que se den estas situaciones. Mientras tanto, será necesario que quienes se vean en ellas estén bien asesorados por un letrado que conozca el criterio y la doctrina que fija la Sala para evitar reclamaciones fallidas y situaciones familiares dolorosas, pues, para el ciudadano, esta es una sentencia claramente injusta.

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5 comentarios en “Los alimentos de los ascendientes, ¿obligación moral y no legal?

  1. Comparto sobretodo el sentido de las preguntas que se hace el autor del blog y en cuanto a la doctrina de la retroactividad de los alimentos me parece una contradicción la limitación que se hace de la misma al momento de la demanda como una forma de protección al deudor frente al principio de interés superior del menor. Creo que esta protección del deudor deberá cambiar. Y en relación a esto tengo una cuestión que plantear. Partiendo del sentido de esta protección en evitar al deudor la reclamación de cantidades elevadas y en cuanto a dudas razonables en cuanto a su condición de deudor, cuando es el propio deudor el que actúa como demandante cediendo la custodia a la otra parte y ofreciendo ya una cantidad en concepto de alimentos, entiendo que también funciona la retroactividad de los alimentos desde la misma demanda por cuento desde su interposición el demandante ya no puede aducir desconocimiento o dudas respecto de su condición de deudor por cuento él mismo asume dicha posición desde su postura de demandante y por ello existe retroactividad desde la interposición de su demanda, verdad?. Un saludo y muchas gracias de antemano.

    • Israel, Muchas gracias por leer nuestro blog.
      El criterio y la doctrina fijada por la Sala en relación con la retroactividad de los alimentos del art. 148.I CC es claro: de abonarán desde la fecha de interposición de la demanda. Por ello, si el demandante quiere que la madre asuma ahora la custodia, la fijación de la pensión alimenticia debería realizarse desde la fecha de interposición de la demanda, salvo que haya venido abonando cantidades o se hayan fijado otras medidas previas.
      Un cordial saludo,
      Natalia García.

      • Muchas gracias a ti Natalia por tu respuesta. Siempre leo vuestros bolgs y me parecen trabajo magnífico. También me gustaría agradecer a Alfonso su respuesta que me parece muy interesante. En relación al caso que planteé no existen medidas previas y la menor desde la separación estuvo con la madre siendo el padre demandante quien en su demanda otorga la custodia a la madre solicitando un régimen de visitas y proponiendo una pensión. Entiendo según el texto literal del art. 148.1 y la doctrina asentada que la obligación de pago es desde la fecha de la demanda aunque en principio parezca pensado para el caso de que quien demande sea el acreedor de la pensión y no el mismo deudor como en el caso que planteo. No creo que afecte esto. Además me dices que si no ha habido pagos anteriores. Aquí que sí los ha habido entiendo que no anula la retroactividad sino que habrá que echar cuentas no?. Él en la demanda ofrece 125€ de pensión y en juicio se estableció 340€. Deberá pagar la diferencia no?. En Sentencia no se dice nada de la retroactividad y es lo que estoy aclarando en trámite de aclaración de sentencia porque en la danza sí lo pedí. Bueno muchas gracias y un afectuoso saludo.

  2. La Jurisprudencia es sólo fuente complementaria del ordenamiento jurídico (art. 1.6 CC). Lo confirma la STS de 18.05.2013 que limita la complementariedad “cuasi legislativa” a:
    1º.- que haya na cierta dosis de estabilidad en la reiteración de su utilización o aplicación.
    2º.- que los criterios o doctrinas se hayan utilizado como “ratio decidendi” de la sentencia.
    El art. 1.1 CC dice que “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho” al establecer este orden de prioridad que ratifican los art. 1.3 y 1.4 CC y donde para “la aplicación de las normas internacionales”, `que tendrían valor de ley, se condiciona ello a su publicación en el BOE exigiría ser modificado. No obstante desde hace tiempo rige la excepción de aplicabilidad directa del Derecho Europeo. Lo consagró como principio básico el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sentencia Van Gend en Loos del 05.02.1963. Desde entonces podemos invocar directamente el Derecho europeo ante los tribunales contra los textos en el Derecho nacional si se trata de obligaciones incondicionales, precisas y claras sin necesitar medidas adicionales, nacionales o europeas.
    Este principio afecta a las relaciones entre un particular y un país de la UE, o a las relaciones entre todos los particulares; también cabe aplicarse a actos del Derecho derivado, i. e., a los aprobado por las instituciones según los tratados constitutivos y según el tipo de acto:
    a.- Los Reglamentos según el art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la UE se aplican directamente en la UE. El TJUE, sentencia Politi, 14.12.1971 declaró su total efecto directo.
    b.- La Directiva obliga a los países de la UE a transponerla a sus derechos nacionales. Si no lo hicieron dentro del plazo el derecho adquiere efecto directo para proteger a los particulares si sus disposiciones son incondicionales, precisas y claras, sentencia Van Duyn de 04.12.1974. Es un derecho asimétrico por ser ascendente del ciudadano al país de la UE, pero no descendente de éste al ciudadano, sentencia Ratti de 05.04.1979, hasta que el país no la transponga, sentencia Van Duyn de 04.12.1974, como sanción por negligencia ¿o dolo? al no transponerla.
    c.- Las Decisiones sólo tienen efecto directo si designan un país de la UE como destinatario y de nuevo se trata de un efecto ascendente, sentencia Hansa Fleisch de 10.11.1992.
    d.- A ciertos Acuerdos internacionales el TJUE también les reconoce efecto, sentencia Demirel de 30.09.1987, con iguales criterios que en la sentencia Van Gend en Loos.
    e.- Los Dictámenes y Recomendaciones sin fuerza jurídica vinculante no tienen efecto directo.
    Detrás de todo eso emerge Jurisprudencia del Tribunal Supremo, art 1.6 que no es una fuente del derecho; sólo es “complementaria del ordenamiento jurídico” si éste está incompleto tras aplicar el art. 3.1 CC: atendiendo “al sentido propio de sus palabras en relación con el contexto”, a “los antecedentes históricos y legislativos”, a “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” y, “atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad” de las normas.
    No todo el campo es orégano, pues, para el TS, como muchas veces se cree, ¡incluso ellos!, en su capacidad de crear doctrina. La división de poderes entre el legislativo, que crea leyes, el ciudadano soberano, que crea las costumbres, y los Principios Generales de Derecho que expresan la lógica imprescindible en todo momento prima sobre este ejercicio “cuasi legislativo” ajeno los tribunales cuya tarea es “juzgar y ejecutar lo juzgado” . Si se permite “in extremis” esta otra función, ¡sólo al TS!, es al servicio de una justicia que no al no estar previsto el caso por la ley, la costumbre y los PGD no puede demorarse so pena de “la injusticia nacida de la justicia demorada”.
    Aún hay otra limitación, ¿la fundamental’. El art. 3.2 CC exige “la equidad [que] habrá de ponderarse en la aplicación de las normas”, una equidad cuya aplicación se limita porque las sentencias “sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita”. En esta exigencia de equidad reside la costumbre que nacida del equilibrio que el tiempo da como un poso que es quintaesencia de la que carece la precipitación que tiene la “lex dicta” privada de su verificación experimental de corrección.
    Con todas estas restricciones in mente vamos a analizar la “doctrina del TS” aplicada en una reciente sentencia suya revocando el derecho de un heredero a exigir a otro el pago de los gastos ocasionados, una obligación legal y consuetudinaria, al atender a la madre que había hecho donación de su herencia a sus hijos en vida que sin duda ni leyó “El Rey Lear” de Shakespeare” ni vio “La escopeta nacional” de Berlanga. Tendremos también en cuenta lo que establece el art. 7 CC. “1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo”, tras lo cual añade: “todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”.
    El caso que vamos a analizar es el de una madre que donó todos sus bienes y derechos a sus dos hijos en 1991 y se quedó sólo con su pensión de jubilación, 533,44 €/mes, como único recurso hasta su muerte, que ocurrió en 2012. De modo no imprevisible sufrió un infarto cerebral en marzo de 2009. Uno de sus hijos, visto su estado de salud y absoluta dependencia, la ingresó en una residencia que implicaban unos gastos mensuales de 2.700 € a los que se añadían otros cuidados especiales ocasionales inasumibles con su pensión. En 2010, ese hijo solicitó y logró una subvención de la Diputación Foral, pero no llegaban para atender el total de gastos generados por la supervivencia de la madre.
    Consta que su hermano, con plena inacción, “se negó a colaborar en el pago de los gastos generados por la estancia en la residencia” y “manifestó su desacuerdo con la estancia de su madre en una residencia que no fuera pública” proponiendo “una atención domiciliaria por períodos sucesivos en casa de cada hermano” que “nunca puso en práctica”.
    La propia madre interpuso una reclamación de alimentos contra sus dos hijos en 2010. En Auto de 2011 se homologó la transacción entre las partes, que se comprometieron a atender por mitad el exceso de coste de la residencia no cubierto por la subvención y su pensión. El hermano demandado nunca colaboró al pago de los gastos generados que atendió íntegramente el hermano demandante (Cordelia en la obra de Shakespeare): 45.015,52 € hasta noviembre de 2010, siendo la demanda por importe de la mitad del gasto: 22.507€.
    La AP Vizcaya, Sec. 3.ª, resolvió el 27.02.2015 que estando obligados ambos hermanos procedía la acción de repetición porque “se declaró acreedora a la Sra. Benita, (nunca se puso en cuestión la obligación de dicha atención sino el modo, medios u oportunidad)”. Precisa el Auto que “la cuestión que ahora nos ocupa: dilucidar si el auxilio económico necesario prestado de forma primigenia por el actor a la madre de ambos litigantes, haciendo frente a los gastos de residencia y demás generados por el ingreso de la misma; ingreso derivado por sus limitadas condiciones físicas, supliendo así el voluntario cumplimiento del deber que los vínculos de sangre impone puede o no ser repercutido”.
    El TS revoca la sentencia sobre dos fundamentos: su doctrina sobre el art. 148.1 según la cual sólo cabe repetir desde la interposición de la demanda y su doctrina sobre el art. 1158 “que la acción de reembolso solo procede cuando el pago se realiza por cuenta de otro y en su nombre, a fin de obtener el reembolso de lo satisfecho. No existiendo deuda previa del demandado a favor de su madre, no puede exigírsele reembolso alguno”. Añade que la deuda era propia del demandante, quien la asumió de manera voluntaria (¿) sin comprometer a su hermano. No la considera una deuda solidaria del art. 1.145 CC. “Y es evidente que ninguna petición de reembolso cabe de cantidades cuyo pago no puede ser exigible” (¿) de modo que los alimentos no se abonarán sino desde la fecha de la demanda (art. 148 CC) pese a que lo que dice es: “La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda”. El TS erró al no interpretar la ley según “el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto” (art. 3.1 CC) ¡y no fue el único error!
    La referencia a la “demanda” no precisa que sea la demanda judicial. “Interponer la demanda” se debe entender en el sentido lato: que conste de modo fehaciente que se ejerce el derecho a que el hermano cumpla con su obligación. Acreditada la interposición de la “demanda de buena fe” (art. 7.1 CC) es ya fehaciente. La siguiente “demanda judicial” sólo busca la tutela judicial efectiva (art. 24 CE78) del derecho que el hermano re-demandado se negó a atender “de mala fe”. Es previsible que hubiera previas demandas buena fe y que el hermano fuera “poli-demandado” pues consta que “se negó a colaborar en el pago de los gastos generados por la estancia en la residencia”. Este es el “primer error de la doctrina del TS”: no considerar esa fecha de la demanda extrajudicial “de buena fe” no sólo en aplicación del PGD “donde la ley no distingue no se puede distinguir” sino del art. 1100 CC: “Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación”. Si la mera exigencia extrajudicial, “la de buena fe” hace nacer la mora es porque hay obligación de pago del principal que la genera.
    Pero lo verdaderamente grave es la “errónea interpretación de la doctrina del TS”, de la que sólo cabe lamentar que esté “acreditadamente aplicada” aplicada al art. 148 (at. 3 CC) que al establecer” la obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos “ (art. 3.1 CC) se refiere al nacimiento de una obligación “ex tunc”. Sobra pues la ridícula árnica de los argumentos morales incluidos en la sentencia: “sin perjuicio de las consideraciones que pudieran hacerse en el orden moral respecto a la posición del demandado, lo cierto es que este no debía a su madre unos alimentos que su hermano hubiera pagado por él”. El hermano demandado está obligado “desde que nace la necesidad para subsistir” (art. 3.1 CC).
    La fecha de la demanda, ese es el error del TS, no se puede confundir con la fecha desde la que es exigible judicialmente su abono. La obligación de pagar nace desde su solicitud judicial, pero la cantidad nace “ex tunc” desde que nace de la obligación. Es fácil entenderlo si se analiza el iter y viendo cómo nace la “obligación judicial de pagar TODA la obligación”:
    1º: nace una primera obligación: “desde que necesitare `[los alimentos] para subsistir”,
    2º: los obligados, los hermanos demandados por la madre: lo están a cumplirla “ex tunc”,
    3º: la madre, el acreedor tiene el derecho a no exigir que se le satisfaga, lo ha exigido al juez,
    4.- los ya obligados quedan “obligados JUDICIALMENTE a pagar” desde la demanda judicial,
    5.- pero esa “obligación judicial” de “abonar desde la fecha en qué se interponga la demanda” se refiere a la fecha en la que tiene que pagar TODA la obligación “ex tunc” (art. 148) a la que se añade la mora desde que se le demandó extrajudicialmente (art. 1100 CC).
    El texto de la ley es claro. Es incomprensible el error del TS (art. 3.1 CC). Y es clara la costumbre, otra fuente de derecho, en “los antecedentes históricos y legislativos” (art. 3.1 CC), es secular la exigencia de hacerse cargo de los padres; también es clara “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” (art. 3.1C), vivimos un mundo de solidaridad internacional; y también es clara “atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad” (art. 3.1 CC) de la norma que es la de atender durante pocos años que le queden de vida a quien no sólo nos dio todo lo necesario para la autonomía sino que le regaló la herencia en vida con renuncia de su derecho.
    No es conveniente dejar herencias en vida; si se hacen debe hacerse bajo la condición expresa de que los herederos asuman el pago de los alimentos él y sus herederos, en previsión de torpezas como ésta del TS. La evidencia del error de interpretación del art. 148 hace innecesario analizar los otros dos citados en la errónea sentencia el TS. Y aún cabría aplicar el art. 756 CC. El heredero demandado “ejerció violencia psíquica contra su madre” al negarle los alimentos. Ésta al demandarlo lo declaro indigno implícitamente por lo que a sensu contrario de art. 757 CC) debió surtir efecto esa indignidad.
    ¿Qué hacer ante esta sentencia del TS? Otra vez más buscar en el TJUE la justicia que aquí se nos niegue al privarnos del derecho a la “tutela judicial efectiva” (art. 24 CE78)..

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