El blog jurídico de Sepín

En primer lugar, quiero dar las gracias al compañero de Granada Alberto Salas Martínez porque fue él quien puso de manifiesto este tema que sin duda es de interés para muchos compañeros a la hora de tasar las costas y que consiste en si pueden o no incluirse los gastos de la reclamación previa hecha por letrado del accidentado a la aseguradora en el ámbito circulatorio.

1. Introducción

Se ha publicado, en muchos foros, el Acuerdo de la Junta Sectorial de Magistrados de las Secciones Civiles y de la Sección Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid, celebrada el pasado 19 de septiembre de 2019 (SP/DOCT/83479).

La figura del testigo-perito fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la vigente LEC del año 2000 y no es desconocida en otros ordenamientos jurídicos de nuestro Derecho comparado, como sucede en Alemania, en donde lo prevé el artículo 414 de su «Ordenanza Procesal Civil» ( Zivilprozessordnung).

Dentro de la regulación del interrogatorio de parte es sin duda la ficta confessio uno de los temas de máxima actualidad y que ya analicé en anterior post.

*Este post está escrito en julio de 2019. En julio de 2022 se ha actualizado la información sobre los plazos procesales en agosto mediante este eBook gratuito.

Un año más queremos poner de relieve un problema que se suscita año tras año cuando se acerca el mes de agosto y el vencimiento de un plazo se produce durante el transcurso de dicho mes.

Aunque pudiera parecer que los conceptos “alegaciones complementarias” y “peticiones complementarias” son sinónimos, la doctrina los ha diferenciado, pues, a pesar de que se incluyan se incluyan en el mismo art. 426 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, tienen significados y finalidades distintas.

Si hay una materia que obliga a estar al día de los vaivenes interpretativos y de los cambios tantos legislativos como interpretativos es la materia procesal.

La fijación de la competencia territorial cuando intervienen consumidores y, concretamente, cuando nos encontramos ante productos bancarios es un tema al que hemos hecho un especial seguimiento por medio de nuestro Blog.

En otros post ya he tenido ocasión de denunciar cómo las tasas han supuesto una disminución importantísima en los recursos de apelación civil y, al igual que  ya dije entonces, nos preguntamos qué esta pasando con la justicia española y por qué no defendemos a ultranza los recursos como medio imprescindible para una justicia de calidad.

Pues bien, leyendo la Nota informativa 44/2014, hecha pública el 28 de mayo de 2014 por el Gabinete de Prensa del Tribunal Constitucional, correspondiente a la Memoria del Tribunal del año 2013, no puedo menos que escandalizarme por la evolución de los Recursos de Amparo.

 Cuando se reformó la LOPJ por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, y se añadió a la norma orgánica la Disposición Adicional Decimoquinta por la que se instauraba el depósito obligatorio para recurrir, SEPIN ya señaló a través de sus consultas (SP/CONS/73604 y SP/CONS/74606) y colaboraciones doctrinales (SP/DOCT/4281 y SP/DOCT/13925) que la interpretación de los apartados sexto y séptimo de la citada Disposición suscitaría problemas.

 Así fuimos de los primeros en poner de relieve la polémica sobre la subsanabilidad o no del depósito para recurrir y publicamos las primeras resoluciones de nuestras Audiencias Provinciales sobre la materia. La duda era clara ¿era subsanable la simple omisión o incumplimiento del requisito del abono del depósito en la Preparación (o actual interposición) o sólo la falta de acreditación?

 ¿Se impondría la tesis de no considerar subsanable la pura omisión, sino tan solo la falta de su acreditación que venía sosteniendo la doctrina jurisprudencial que interpretaba el art. 449 LEC?