La solicitud por el Fiscal del desalojo de viviendas “okupadas”. La nueva Instrucción de la Fiscalía

El problema de las “okupaciones” de inmuebles ha sufrido un incremento cuantitativo en los últimos meses y la opinión pública se ha alzado frente a la falta de eficacia policial y judicial, en que no solo no se expulsa al “okupa”, sino que este se vuelve a veces con violencia contra el legítimo propietario o poseedor, incluso a extorsionarle. La nueva Instrucción de la Fiscalía General del Estado viene a recordar a los Fiscales los mecanismos legales con los que actualmente cuentan y, sobre la base de ellos, a marcarles las directrices para que, ante determinados supuestos, insten la medida cautelar de desalojo del inmueble.

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Absentismo escolar en tiempos de COVID-19: parámetros penales y civiles de responsabilidad

Tras la vuelta de las vacaciones la situación sanitaria actual derivada del repunte de los casos de contagios y fallecimientos por COVID-19 está provocando un intenso debate acerca de la vuelta al colegio de nuestros hijos. En el presente trabajo se analiza la problemática y la hipotética responsabilidad penal y civil de los padres que se niegan a que sus hijos acudan a clase en este escenario tan preocupante

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Versión 2.0 del sistema de plazos del proceso penal: nueva redacción del art. 324 LECrim

En el Boletín Oficial del Estado de hoy se publica la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a los plazos máximos de instrucción de los procedimientos penales, que entra en vigor el 29 de julio de 2020. En este interesantísimo post, los Fiscales Jaime Moreno Verdejo y Pedro Díaz Torrejón se adentran en el nuevo texto del precepto y apuntan sus principales características, así como posibles problemas interpretativos que pueden surgir con motivo de la aplicación del nuevo texto.

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La inminente reforma de los plazos máximos de instrucción del proceso penal

En estos momentos nuestro Parlamento está tramitando la reforma del polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal relativo a los plazos máximos de instrucción del proceso penal ¿En qué consiste esa reforma? ¿Qué aspectos concretos se modifican respecto a la regulación vigente? ¿Realmente supone una mejora? En el presente post se dan respuesta a estas cuestiones desde la opinión personal del autor

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¿Qué sanciones se pueden imponer a los ciudadanos que incumplan las limitaciones a la libertad deambulatoria impuestas por el Estado de Alarma?

La reciente declaración de Estado de Alarma impone limitaciones deambulatorias a los ciudadanos por razones sanitarias ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Qué sucede si alguien las incumple? ¿Constituiría infracción administrativa o delito? ¿Se pueden imponer sanciones o penas? ¿Cuáles y en qué circunstancias?

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