Y con esto de los plazos procesales…¿tengo que interponer mi recurso contencioso-administrativo en agosto o puedo esperar a septiembre?

La habilitación de los días 11 a 31 de agosto para “actuaciones judiciales” ha dado lugar a una gran polémica, ¿se aplica también para los plazos de interposición del recurso contencioso-administrativo? ¿prima el artículo 128.2 de la LJCA que dice que duran agosto no corre ningún plazo?

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La modificación de la duración del contrato público de suministro en plena pandemia

“Oculta” entre otras medidas urgentes aprobadas por el Real Decreto-ley 11/2020 para hacer frente al COVID-19, se encuentra, ni más ni menos, que una modificación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público que afecta a la duración de los contratos de suministro periódico, hasta ahora limitados temporalmente a un máximo de 5 años y que, a partir de ahora, podrán extenderse más años de forma excepcional y cuando sea necesario para recuperar la inversión del contratista, como ya ocurría con los contratos de servicios de prestación continuada

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Tratamiento de datos con fines de mercadotecnia directa: ¿requiere el consentimiento del afectado?

¿Es lícito el tratamiento de datos con fines de mercadotecnia sin que el titular de los datos haya otorgado su consentimiento? La respuesta a esta cuestión probablemente marque un antes y un después para los departamentos de telemarketing de miles de empresas, ya sean estas pequeñas, medianas o grandes. Esta posibilidad, que parece abrir el Reglamento europeo de protección de datos, al aludir al “interés legítimo del responsable”, será decidida finalmente por el Tribunal Supremo

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La inactividad en el pago de contratos públicos: se puede utilizar, aunque sólo se reclamen los intereses

Los contratistas disponen de un procedimiento rápido y privilegiado para reclamar a la Administración el pago de los contratos públicos una vez transcurridos los plazos de los que disponía aquélla para hacer efectivas sus deudas. El post analiza si este cauce especial puede ser utilizado cuando lo único que todavía se adeuda son los intereses de demora, y no el debido principal

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El derecho a ser indemnizados (ahora sí) se reconoce a todos los que sufran indebidamente prisión preventiva

El derecho a la indemnización por haber sufrido una indebida situación de prisión preventiva ya no se limitará a los supuestos de absolución por “inexistencia objetiva” del hecho delictivo. Bastará con que esa privación de libertad haya generado un perjuicio. La Sentencia del TC no tiene efectos retroactivos pero, a partir de ahora, abre la vía a miles de reclamaciones de responsabilidad patrimonial

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