Declarada inconstitucional la amnistía fiscal del 2012, ¿quiénes son “todos”?

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Samuel de Huerta Hernández

Director de Sepín Fiscal. Abogado

El Tribunal Constitucional en decisión de fecha 8 de junio del 2017 unánime ha estimado el recurso de inconstitucionalidad frente al RDL 12/2012, de 30 de marzo, por el que se establecía una “amnistía fiscal”. Debemos recordar que mediante el citado Real Decreto permitió regularizar rentas no declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sociedades (IS) ante el Fisco por contribuyentes personas físicas o jurídicas, procediendo a ostentar las rentas regularizadas el rango de “renta legal” en el tráfico jurídico, todo a un módico tipo de retención del 10 %, sin que fuera procedente aplicar sanción o recargo alguno.

La Disposición Adicional Primera de la norma, según sentencia del Tribunal, vulnera el art. 86.1 de la Constitución Española (CE) que prohíbe el empleo del Decreto-Ley para legislar aspectos de los derechos contemplados por el Título I de la Constitución, caso en concreto del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos por “TODOS” (art. 31.1 CE).

La sentencia concluye que la medida impugnada ha tenido tres importantes efectos:

  • Primero, permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas a un tipo del 10 %.
  • Segundo, eximió de sanciones, recargo o intereses de demora a los que se acogieron a la regularización, lo que incluía una impunidad en el ámbito penal y la condonación de las eventuales consecuencias de la ausencia de tributación de las rentas con carácter anterior a la norma.
  • Tercero, dotó de normalidad a las rentas regularizadas, con independencia de la fuente de obtención y con todos los efectos.

El Tribunal sentencia que el RDL 12/2012, al incidir directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades (físicas y jurídicas, residentes o no residentes) y sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se habrían devengado por las rentas generadas –aun ocultadas– por un gravamen único del 10 por ciento, exento de intereses, recargos y sanciones administrativas o penales, ha afectado al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de “TODOS” del art. 31.1 CE, dado que altera sustancialmente el modo de reparto de las cargas tributarias soportadas por la generalidad de los contribuyentes, en unos términos prohibidos por la CE, sin que quede justificada su adopción por la necesidad de ajustar el déficit público y cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el art. 135 CE; requisito que, en cualquier caso, aun necesario, es insuficiente para sostener la norma desde el plano constitucional.

No obstante lo anterior, resulta contradictorio que, evidenciado el daño legislativo producido en el deber de contribuir de “TODOS”, la sentencia proceda a confirmar como correcta y válida jurídicamente la conducta de unos “contribuyentes insolidarios” que acogieron sus rentas al procedimiento de regularización, lo que supone de hecho situarles en una posición tributaria mucho más favorable de la de aquellos ciudadanos que cumplieron en forma voluntaria y en plazo con su obligación de contribuir.

En conclusión, siendo llamativa la decisión del Tribunal Constitucional al declarar la “amnistía fiscal” inconstitucional por la forma legislativa empleada en su elaboración, también debe resultarnos llamativo que sea el propio Constitucional el que proceda a otorgar el “visto y bueno” al “buen contribuyente” que regularizó sus rentas opacas, en pro del déficit público y para “TODOS” y al que únicamente se le puede reprochar -en el estricto ámbito jurídico- que se acogió a una norma que nunca debió formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero que no pudo prever. Por último, indicar que lo realmente preocupante es que el Tribunal Constitucional -y muchos Juzgados, Tribunales, Audiencias como el propio Tribunal Supremo- se demoren tanto tiempo en dictar resoluciones relativamente poco complejas y con tanta repercusión jurídica para la sociedad, haciendo jurídicamente irrelevantes resoluciones dictadas una vez transcurridos con creces los plazos para la adopción de medidas frente a la evasión fiscal, en el caso de la inconstitucionalidad del RDL 12/2012.

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2 comentarios en “Declarada inconstitucional la amnistía fiscal del 2012, ¿quiénes son “todos”?

  1. La esencia de una norma nula de pleno derecho es que NUNCA, BAJO NINGÚN CONCEPTO, puede desplegar sus efectos jurídicos. La excepción que hace el TC “al “buen contribuyente” que regularizó sus rentas opacas constituye un fraude de ley.cometido por el TC. SIN DUDA alguna establece el art. 6.4 CC: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él – pagar menos de lo que el art. 31 CE78 establece – se considerarán ejecutados en fraude de ley no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”, en relación con el art. 7.2 CC: “La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”.
    No cabe alegar la INOCENCIA de los defraudadores: la publicidad de su aprobación en el Congreso de los Diputados, la de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, la de la aceptación del recurso a trámite por el TC impiden alegar que “UNICAMENTE se le puede reprochar -en el estricto ámbito jurídico- que se acogió a una norma que nunca debió de formar parte de nuestro ordenamiento jurídico pero que no pudo prever”. Podía prever que ocurriera lo que ocurre y lo que es de esperar que ocurra:: que el TJUE, ¡una vez más!, revoque esta decisión del TC, como hizo con estas politizadas interpretaciones de la doctrina Parot, de las cláusulas suelo, etc.)

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