Empresas de recobro: ¿Les pueden ceder mis datos? ¿Y “molestar” a mis familiares o compañeros de trabajo?

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Julián López Martínez

Director de Sepín Administrativo. Abogado

Cada vez resulta más habitual que personas con débitos pendientes reciban cartas, faxes, burofaxes e, incluso, llamadas telefónicas de empresas de las que no han oído hablar nunca y con las que, por supuesto, no tienen vinculación contractual alguna, reclamándoles el abono de deudas pendientes. En ocasiones, estos requerimientos de pago suponen para el ciudadano un auténtico acoso. La situación se agrava cuando quien recibe esa presión en forma de requerimientos no es ya el titular de la deuda, sino la empresa para la que trabaja, sus padres, sus hermanos o hasta sus vecinos.

¿Estamos obligados a soportarlo?

Para dar respuesta a esta cuestión, debemos distinguir entre los dos supuestos enunciados: A) que la deuda sea reclamada por la empresa de recobro al titular de la misma o, B) que la deuda sea comunicada a personas próximas a este.

       A)    Reclamación de deudas por empresas de recobro al deudor

Desde el punto de vista de la protección de datos, si yo tengo una determinada deuda con una empresa, ¿es legal que otras empresas de recobro con las que no me une ningún tipo de relación me reclamen continuamente la deuda?; ¿es legal que mi acreedora ceda mis datos a otras empresas para que estas reclamen y gestionen el cobro por cuenta de aquella?

En este primer supuesto, lamentablemente, mucho nos tememos que poco podemos hacer frente a esta situación pues, por desgracia, la respuesta a estas preguntas es, con los condicionantes que señalaré a continuación, afirmativa. Es decir, en principio, tanto la actuación de la acreedora del crédito como de las empresas de recobro está amparada por la normativa vigente.

En este sentido, existen numerosísimas resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos en las que se procede al archivo de las denuncias presentadas por los particulares que se sienten “acosados”.

Los criterios empleados por la Agencia para determinar si la actuación de las empresa que cede los datos (la acreedora del crédito) y de las cesionarias (las empresas de recobro) es o no legítima serían, resumidamente, los siguientes:

1.º Existencia de contrato entre acreedora y empresa de recobro

Los apartados primero y segundo del art. 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (SP/LEG/3266), cuya rúbrica es “Acceso a los datos por cuenta de terceros” vienen a establecer que no tiene la consideración de comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando “dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento” y la realización de esos tratamientos por cuenta de terceros esté “regulada en un contrato” en el que expresamente se establezca que “el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas”.

Las empresas de gestión de recobros tienen la condición de “encargadas del tratamiento” en relación con el acreedor responsable, lo que, precisamente, legitima que por las mismas se recaben los datos del deudor.

En consecuencia, será necesario que entre la empresa titular del crédito (aquella con la que el particular contrató y a la que realmente le debe alguna cantidad) y la de recobro exista un contrato cuyo objeto esté constituido o comprenda la realización de un servicio de gestión de recuperaciones de deuda en los asuntos que le sean encomendados.

El principal requisito, por lo tanto, para que el tratamiento de los datos del afectado cumpla con los exigidos en la normativa vigente de protección de datos es que exista un contrato previo de prestación de servicios en virtud del cual se habilite a la empresa/s de recobro acceder a los datos personales del responsable del fichero (la empresa acreedora) en los términos del art. 12 LOPD, anteriormente citado.

En palabras de la Agencia de Protección de Datos (Resolución de archivo del Expediente Nº: E/01201/2015 –SP/SENT/829829): “Es necesario recordar que estas empresas de gestión de recobro de deudas ejercen una actividad regulada en la normativa de protección de datos (art. 29 LOPD). Son empresas que prestan servicios a terceras entidades y en virtud de ese servicio necesitan conocer datos personales de los clientes de la empresa que las ha contratado, por tanto, este acceso a los datos no puede considerarse una cesión o comunicación de datos personales, así como tampoco necesita del consentimiento de los titulares de los datos para tratarlos, ya que, el tratamiento que realiza una empresa de recobro es aquel que deriva del servicio prestado al responsable del fichero o tratamiento”.

Otro ejemplo de archivo por motivos similares lo encontramos en la Resolución de archivo de 1 de octubre de 2015, recaída en el expediente 3690/2015 (SP/SENT/829828).

2.º Acreditación del consentimiento por el responsable del fichero

La empresa acreedora, aquella con la que contratamos y a la que se le debe algún importe, para estar facultada para comunicar los datos a una empresa de recobro, primero debe cerciorarse de que cuenta con el consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos personales.

El incumplimiento de este requisito conllevaría que la actuación de la empresa responsable del fichero no estuviera amparada por la normativa y fuera merecedora de una sanción.

A modo de ejemplo, podemos citar la Resolución 2487/2015, de 28 de septiembre, de la AEPD (SP/SENT/829830). Los hechos examinados en aquel caso eran, resumidamente los siguientes: Una empresa de telefonía había cedido los datos personales de un presunto cliente, y de la deuda asociada a este, a una empresa de Recobro, con la que había firmado un contrato.

El problema radicaba en que, según el denunciante, nunca había contratado con dicha empresa de telecomunicación, negaba absolutamente la existencia de una deuda y afirmaba que en ningún caso podía estar “respaldada por contrato de prestación de servicios de telefonía, firmado por mí, ni en su caso, figura mi voz en la contratación a través de telefonía, ni la cuenta bancaria de cargo por las facturas de telefonía, no está a mi nombre”.

En efecto, tras realizarse la oportuna práctica de prueba se concluyó que los datos personales de la persona denunciante (nombre, apellidos, DNI) habían sido incorporados a las bases de datos de la empresa de telecomunicaciones como cliente y posteriormente asociados a una deuda que no le correspondía, tratándolos por el responsable de tales ficheros, dicha empresa de telefonía, para incluirlos en la relación de créditos que había cedido a la empresa de recobro.

Por ello, afirmaba la Agencia, que la mercantil de telecomunicaciones, en su condición de responsable del fichero de los datos personales, no había probado que recabó y obtuvo el consentimiento de la persona denunciante, incumpliendo la carga de acreditar la existencia del consentimiento “inequívoco” del afectado que corresponde al responsable del tratamiento.

Así pues, en este caso, la Agencia concluyó lo siguiente:

En consecuencia, el tratamiento de los datos personales de la persona denunciante vulnera el principio del consentimiento recogido en el artículo 6.1 de la LOPD, por cuanto el mismo se realizó sin que XXX haya acreditado que contaba con el consentimiento inequívoco de la persona afectada o mediase habilitación legal para ello, no resultando de aplicación al mismo la excepción al consentimiento recogida en el artículo 6.2 de dicha norma que pudiera derivar de la relación contractual entre las partes al no haberse probado relación contractual.

Por ello, con arreglo a lo expuesto, la comunicación de datos personales de la persona denunciante por XXX a YYY se produjo sin el consentimiento de la persona afectada, con quien no había relación contractual de la que supuestamente derivaba el crédito objeto de compraventa ni consentido la cesión de sus datos personales, incurriendo en la cesión inconsentida imputada”.

Como consecuencia de todo ello, se impuso una sanción económica a la entidad que había comunicado la deuda a la empresa de recobro.

       B) Llamadas y cartas reclamando “mi” deuda a “mis” familiares, vecinos, compañeros        de trabajo…

Aquí el panorama cambia desde el punto de vista de la protección de datos. Si yo tengo una deuda tendré que asumir (como hemos visto anteriormente) que empresas que prestan servicios de recobro para mi acreedora me la reclamen. Ahora bien, lo que no tenemos que soportar es que mi acreedora o sus empresas de gestión de recuperaciones “acosen” a mis conocidos.

¿Y cuál sería la base jurídica para defendernos frente a este hostigamiento a nuestro entorno? La respuesta se halla en el art. 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos que impone el Deber de Secreto en los siguientes términos: “El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

Un ejemplo paradigmático de este segundo supuesto lo encontramos en el Procedimiento Sancionador incoado por la Agencia Española de Protección de Datos (PS/97/2010) frente a Banco XXX. En aquel caso, una veintena de denunciantes relacionados con el deudor pusieron de manifiesto que la entidad financiera se había puesto en contacto con ellos, por diversos medios, y, una vez confirmada la relación con su cliente (el verdadero deudor), les manifestaban la existencia de una deuda.

Así, en la relación de hechos que contenía aquella resolución se incluían, entre otros, los siguientes:

Una de sus compañeras ha declarado que XXX le informó que tenía que localizarle urgentemente pues tenía un impagado que iba a pasar a ejecutiva. Otro de sus compañeros manifiesta que recogió un fax dirigido al denunciante y que lo depositó en la bandeja de trabajo de este”.

“Declaración de sus suegros, en las que estos manifiestan que empleados de XXX, en distintas llamadas recibidas, les comunicaron que su yerno tenía una deuda impagada con dicha entidad financiera”.

Declaraciones de dos de sus hermanas, que manifiestan que el 30/07/2009 recibieron llamadas de XXX preguntando por la relación de esta denunciante con su cliente, pues este tenía una deuda con el banco”.

Los fax enviados a los centros de trabajos, si bien es cierto que el mensaje es únicamente un aviso para que el afectado se ponga en contacto urgentemente con XXX, hay que poner este hecho en relación con las múltiples llamadas efectuadas a los centros de trabajo, para contactar con los clientes, por lo que cualquier compañero de los denunciantes que reciba el fax (que es un medio no seguro ni confidencial) y lo asocie con las repetidas llamadas, puede deducir cuál es la situación de su compañero con el banco y el motivo de las reiteradas llamadas“.

Más significativo es el caso del denunciante 11, con las grabaciones aportadas, correspondientes a dos conversaciones telefónicas con XXX. En la primera de ellas, comunican al hermano del denunciante 1 que este tiene una deuda con el banco, informándole del importe de las cuotas mensuales impagadas, del total impagado y de los posibles gastos totales en el caso de reclamación judicial”.

Pues bien, en este caso, el Procedimiento Sancionador finalizó con una resolución sancionadora (SP/SENT/831271) para la entidad financiera (80.000 € de multa) por una infracción del deber de secreto recogido en el art. 10 LOPD.

Este tipo de hechos también han sido objeto de reproche judicial. A modo de ejemplo, podemos citar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 25 de octubre de 2013 (SP/SENT/742522); en dicha Sentencia, la recurrente era precisamente la empresa XXX, que había sido sancionada por la AGPD por vulnerar el deber de secreto a la hora de reclamar deudas por cuenta de los Servicios Financieros de una multinacional de la alimentación.

La Audiencia Nacional confirmó la sanción (en esta ocasión, de 50.000 €), al quedar acreditado que “en el bloc de notas de los empleados de XXX, constan llamadas a su centro de trabajo, así como a su domicilio y que se contacta con el “cotitular” cuando solamente el denunciante figuraba como titular único de los productos contratados con Servicios Financieros YYY. En concreto, de las anotaciones de las llamadas efectuadas el 18 y el 22 de enero y el 13 de abril de 2010 se comprueba que el cónyuge del denunciante se le facilitaron datos de las cantidades pendientes de ingresar”.

Espero que este post sirva de orientación para todos aquellos que se han visto envueltos en situaciones similares a las descritas anteriormente y veamos que, como deudores, hay cosas que debemos aguantar y otras que no.

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12 comentarios en “Empresas de recobro: ¿Les pueden ceder mis datos? ¿Y “molestar” a mis familiares o compañeros de trabajo?

  1. Ahora han cambiado las formas por lo que parece pero siguen llamando a familiares más lejanos y vecinos, simplemente diciendo que es tal persona, su nombre y que llama de una ciudad, generalmente de Madrid o Barcelona y que se tiene que poner de contacto con el deudor para un asunto de su interés. Esto lo hacen incluso varias veces, repetidas e incluso muy frecuentes creando un entorno negativo en tu vecindario que se salda con rumorologia y rechazo por qué la gente ya sabe de qué van estas cosas y realmente consiguen el propósito de presionarte de manera muy negativa.

    Con estas nuevas prácticas creo que consiguen escabullirse de futuras multas pero siguen consiguiendo su objetivo que es presionar al deudor de manera notoria al precio de esa degradación y malestar social que te crean. El cobrador del frac sin duda se queda en paro ante estas malas prácticas, en fin espero que algún día se consiga algo en este aspecto por qué es muy malo.

  2. En algunos casos no se trata de un contrato de gestión de cobro sino que,directamente se venden unas deudas de difícil cobro a bajo precio y la empresa que los compra obtienen como beneficio la diferencia entre el monto de la deuda cedida ¡si la cobra! y el precio que pagó por comprar “el derecho a subrogarse en la posición del deudor”.
    En tal caso no sigue las indicaciones del deudor sino que hace lo que quiere.

  3. Pregunta: Y en el caso de una deuda antigua contraída antes de la entrada en vigor de la LOPD? Que pasa en estos casos en los que el deudor no ha cosentido el tratamiento de sus datos personales?

  4. Pues a mi me llevan llamando y acosando desde el pasado 11 de mayo por un retraso en el pago de recibos, algo muy normal dado los tiempos que corren y que, por desgracia, se prolongarán más de la cuenta. Personalmente estoy ayudando a una persona que no recibe RMI y que no tengo valor de dejar en la calle, ello conlleva que sufro retrasos en pagos. El verdadero problema aparece cuando intentó contactar con las empresas para negociar esas deudas y me encuentro que los medios de contacto que me dieron están “bloqueados” y que solo puedo acceder a unos mafiosos que se llaman Intrum Justicia…
    Llaman a mis padres a todas horas, e incluso les han dicho a quien le debo dinero sin especificar cuantía, eso es lo de menos, pero lo duro es que están sometiendo a mi madre a una fuerte presión. Por lo pronto le he cambiado el número de móvil pero lo siguiente que haré será que se den de baja la línea fija… A la espera quedo para que las entidades se pongan en contacto conmigo vía carta, porque esto es una vergüenza. Por muy malos tiempos que corran no todo es válido. Y no pienso consentir ese tipo de acoso. Tendré que ir a donde sea, hasta sus últimas consecuencias.

    • En algunos contratos de hipoteca se incluye – ¡y el Notario tampoco suele advertir de este detalle al firmante, como debería ser su obligación con su cliente! – que el banco se reserva el derecho a “revender” la deuda a quien quiera ¡sin ni siquiera advertir al deudor que si paga puntualmente puede no llegar ni a enterarse. Cualquiera que no haya leído con mucha atención TODO el contrato puede acabar teniendo como acreedor a cualquier sociedad legalmente constituida por mafiosos ¡o peor aún! Es evidente que siendo necesario identificar al deudor ante el acreedor no parece que eso incumpla la LOPD.

  5. Hola mi caso es que se supone entre comillas que me están reclamando una deuda de luz que no sé si realmente la debo. Aun en el caso de deberla, un día de buenas a primeras empezaron a petarme el móvil de llamadas que cogía y no contestaban , mensajes al móvil de que si me iban a meter en juicio, etc, etc. El caso no sé ni como, consiguieron el teléfono móvil de mi marido e idem de idem, llamadas, mensajes a todas horas con amenazas, resultado hoy llaman a mi marido y por fín una tal Jana de una supuesta empresa de recaudación de deudas, le dice a mi marido que yo su mujer que supuestamente está el contrato a mi nombre, que porfavor me ponga yo en contacto úrgentemente con ellos ésa misma tarde porque si no mañana me embargan bienes etc, etc. Mi marido escandalizado y muerto de miedo por la amenaza de embargo, les suplica que porfavor que soy su marido que es lo que pasa que se lo cuenten por que sí . El caso que ésta Jana le ha contado sin mi permiso la deuda que supuestamente tengo con ellos. CREO QUE ÉSTO SE LE LLAMA CEDER DATOS A TERCEROS Y ESTÁ PENADO POR LA LEY, NO?. Quiero que me orientéis los trámites a seguir para denunciar ésto ya que mi marido está conmigo, pero y si llega a ser mi ex marido o cualquier otra persona? ¿quien es ésta tal Jana para darle datos personales mios?. Gracias

  6. Mi pregunta es la siguiente.

    Existe obligación de las empresas de recobro de comunicar por escrito los pagos que se les van haciendo y así saber lo que queda por abonar, o esta obligación va en función de la cantidad que se les abona, de modo que si esta cantidad es inferior a un límite no existe tal obligación de comunicación.

    Un saludo y gracias

  7. Me llama una empresa de recobro para exigir una deuda contraída con un banco hace 4 años, les digo que me envíen la documentación por escrito, pero pasa el tiempo y no recibo nada, sabe alguien decirme porqué estas empresas no reclaman nada va burofax o similar? Como estoy en la ASNEV, me gustaría liquidar la deuda pero tengo dudas, ya que no sé si pagando a esta empresa voy a conseguir salir del fichero de morosos. Agradecería que me aclararan esto.

    • a mí me pasó lo mismo, pedía a la ASNEV, que me enviara mi situación en sus ficheros, cuando aparecía que debía a una empresa de recobro, les informé que yo no había contraído ninguna deuda con esta empresa y me dieron de baja, en 2 días recibí el justificante de mi situación en el listado de la ASNEV y a ya no aparecía nada.

  8. Tengo un contrato de tarjeta con una empresa que cambio d e nombre ya que la compraron. Me informaron por un mail. Ahora me llama una tercera diciendo compro a la segunda y me facilita todos mis datos personales y número de cuenta y me insiste es a ellos a quie he de pagar.

    ¿Es esto legal?

    • no estoy segura de si es legal o no, pero entiendo que tu tienes que estar informado de a quién debes, ya que si no, cualquiera podría llamar para exigir una deuda.

  9. En mi caso, estuve pagando como un tonto varios meses por unas llamadas telefónicas acosadoras, sin mediar papeleo ni más datos del “recobrador”, eso sí, muy amable cuando empecé a pagar. Mi sorpresa vino cuando me llega de un juzgado una notificación informándome de que en un litigio entre dos empresas de esas había ganado la de Luxemburgo en vez de la de Bruselas, a la que estaba pagando, así que estuve regalando dinero a un estafador, cuyo dinero me reclama ahora el luxemburgués porque no recibió de mí ni un euro. Ni lo recibirá. Y últimamente me llegan llamadas de un robot, con el que lógicamente no puedo dialogar, reclamándome no sé qué cantidad que “debo” a la financiera X, cuando hace más de diez años que no tengo trato alguno con ella al haber saldado hasta el último céntimo. Es fácil enchufar una grabadora a un teléfono y comenzar un acoso, por si cuela. Ya hice el primo una vez pero ahora no: lo que haré, si consigo hablar con un humano, es pedir copia del contrato de venta de la deuda y la cuantía de esa dudosa operación. Y seré honrado: si me convencen con datos de que realmente debo ese dinero, pagaré a la recobradora lo que pagó por mi deuda, pero ni un euro más. Si son idiotas y compran deudas, que apechuguen con su idiotez.

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