Una mirada sobre la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

El pasado mes de junio el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas presentaron la primera Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que fue aprobada en el Consejo de Ministros celebrado el 26 de julio de 2013. Con una vigencia de cuatro años, de 2013-2016, viene a vertebrar las nuevas actuaciones que los poderes públicos quieren a llevar a cabo en contra de este grave problema social. Estrategias que vienen a dar continuidad y vida a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Las actuaciones se basan en lograr la igualdad entre hombres y mujeres y su estructura se construye sobre tres preguntas ¿Qué es la Estrategia?, ¿Por qué la Estrategia?, ¿Para qué la Estrategia?

A través de la participación que se ha llevado a cabo en la fase de propuestas, tanto con la sociedad civil como con los diferentes niveles de las Administraciones Públicas (Municipios, CCAA, Delegaciones y Subdelegaciones, Departamentos Ministeriales, Observatorios contra la Violencia Doméstica y de Género y Fiscalía de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer) plantea un estudio de cuál es la situación actual y cuáles son los pasos que se deberían dar para lograr un espacio totalmente libre de violencia.

La Estrategia comienza hablando de cuatro problemas básicos a solucionar, que serían:

–         El silencio de las mujeres y su entorno

–         La necesariedad de dar una respuesta eficaz, personal y coordinada de las Administraciones Públicas.

–         La existencia de grupos que aún no han sido suficientemente atendidos, y cuya inclusión en las medidas contra la violencia de género ha sido reivindicada a través de asociaciones especializadas y también por las recomendaciones internacionales. Se trata de los menores y las mujeres especialmente vulnerables (adolescentes, mujeres con discapacidad, mayores de 65 años, del ámbito rural e inmigrantes).

–         La existencia de otras formas de violencia contra las mujeres, además del maltrato que deben ser conocidas también y tenidas en cuenta (trata de mujeres y niñas para la explotación sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados y agresiones sexuales).

Una vez analizados los problemas, se plantean siete objetivos para tratar solucionarlos:

–         Romper el silencio cómplice del maltrato

–         Mejorar la respuesta institucional con planes personalizados y avance a la ventanilla única.

–         Atención a los menores y a las personas especialmente vulnerables a la violencia de género.

–         Visibilizar y atender otras formas de violencia contra las mujeres.

–         Formación y sensibilización de los agentes sociales.

–         Coordinación, trabajo en red y excelencia operativa.

–         Calidad, evaluación, conocimiento y mejora continua.

La solución, que aquí aparece bastante simplificada, está articulada en 258 medidas de muy distinta índole y vertebrada a través de la implicación de todos los agentes sociales, desde la educación en los colegios hasta las actuaciones a través de las Administraciones Públicas, pasando por la prensa, materiales, acciones Empresariales (iniciativa “Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género”), impulso del teléfono 016 y del 116 a nivel europeo, creación de una Red Nacional de Unidades de Coordinación, formación de profesionales en el medio rural, inclusión de nuevos delitos, etc.

Las críticas por parte de algunas Comunidades Autónomas no se han hecho esperar: el primer problema, y más obvio, para la implantación de la Estrategia, es el económico; tal como dicen los Consejeros en la materia de Canarias y Asturias que hablan de un presupuesto inferior al del año anterior entre un 20 y un 25%.

También hay críticas por la ambigüedad de la Estrategia, por la falta de participación de las Comunidades Autónomas y, en el caso de Cataluña, que no se respeta su autoespecificidad, establecida con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Además, se menciona la falta de un plan de coordinación entre las Comunidades Autónomas.

En cuanto al problema económico, hay medidas que a simple vista parece imposible que puedan ser implantadas actualmente. Por ejemplo, la formación en los centros de salud del medio rural. No parece muy realista que con los recortes sanitarios que ha sufrido y previsiblemente seguirá sufriendo la Sanidad española, sea una medida a realizar próximamente.

En cuanto a las mujeres inmigrantes, esta Estrategia incorpora medidas que el Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en Población Extranjera inmigrante 2009-2012 no ha implementado aún.

En conclusión, y a falta de analizar muchos puntos, en todo caso habrá que esperar a que el Ministerio publique la Estrategia, o en su defecto, un resumen de la misma para leerlo completo; hay propuestas más que interesantes para combatir la violencia, pero muchas dificultades para llevarlas a cabo; quizá porque algunos puntos, efectivamente, se tratan de forma demasiado amplia (como la Red Nacional de Coordinación, cuando las Comunidades Autónomas hablan precisamente de lo contrario: la falta de ella), o por la falta de medios que haría difícil, por ejemplo, el análisis continuo, como si de una auditoria se tratase; o la transparencia con la sociedad civil (en unas Administraciones Públicas con personal recortado a sus mínimos, hablar de hacer y de analizar posteriormente es casi una utopía, porque apenas se podría realizar lo primero para llevar a cabo lo segundo), y que hace que el documento en algunos puntos peque de excesivamente optimista. Lo cual no es malo en sí, porque ayudará a que avancemos hacia la mejora del problema, hacia la erradicación de la violencia de género, aunque sepamos todo el trabajo y tiempo que hacen falta aún para conseguirla.

Por último, no me gustaría terminar sin decir que para mí un fallo importante, no solo en esta Estrategia sino en general en las políticas contra la violencia de género, es el tratamiento tanto de los menores como de las personas que llevan a cabo conductas de maltrato.

En cuanto a los primeros, incluirles como víctimas es un acierto y deben alegrarse las asociaciones que así lo demandaban tanto como el resto de la sociedad. Porque los menores sufren maltrato cuando este se lleva a cabo en su casa o en su familia, y no se estaba teniendo en cuenta suficientemente. Pero no habría que caer en victimizarles, como ya se victimiza a la mujer. Es necesario ayudar para salir de la condición de víctima y pasar a ser una persona que ha sufrido conductas de maltrato, para que pueda dejar de ser víctima un día y se reintegre en la sociedad. Esto se conseguirá de diferentes formas, entre otras a través de la educación, y sobre todo a través de la ejecución del derecho de igualdad. Porque todos deberíamos ser iguales, incluso quienes sufren maltrato.

Y en cuanto a las personas que llevan a cabo el maltrato, tema que tocaré más adelante en este blog, las únicas medidas que se contemplan son la creación de nuevos delitos y su seguimiento (acorralamiento, diría yo), para que los “maltratadores” tengan miedo de reincidir en estas conductas. Lo cual estaría bien si se consiguiera, pero desgraciadamente no es así. Si no rehabilitamos a las personas, nunca tendremos una sociedad justa, libre, igual. Es una utopía, sí, pero eso debería ser el derecho, una utopía.