El Consejo General del Poder Judicial encarga un informe sobre los desahucios por ejecuciones hipotecarias pero el Pleno no asume su contenido

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Félix López-Dávila Agüeros

Director de Sepín Derecho Inmobiliario. Abogado

Nos hacemos eco de la noticia aparecida estos días en los medios de comunicación en relación al informe que el CGPJ ha encargado a un grupo de siete magistrados en relación al marco jurídico que ordena en nuestro país las ejecuciones hipotecarias.

En el mismo, se realiza un análisis crítico de la situación actual, acusando a las entidades bancarias de mala praxis ante la ligereza en la concesión de los créditos hipotecarios sin valorar las posibilidades reales del deudor e indicando el aumento espectacular del número de ejecuciones hipotecarias en los últimos cuatro años, gracias en gran medida al procedimiento privilegiado del que goza la banca para el cobro de los créditos hipotecarios.

Ante esta situación, los autores del citado informe propugnan una serie de soluciones, entre las que se encuentran la posibilidad de que el juez otorgue moratorias en el pago de las cuotas o la dación en pago, cuestión que ya fue objeto de nuestro primer post y que indicábamos como posible solución, así como el que se impida la adjudicación de las viviendas a los bancos por un valor muy por debajo al real.

Dicho informe ha sido presentado al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, siendo la cuestión mas sorprendente, el hecho de que el citado pleno ha decidido no entrar a debatir su contenido ni asumirlo como propio, si bien, el informe estará a disposición de los grupos parlamentarios y de los partidos para que pueda ser usado en el planteamiento de formulas que den una solución a la situación que atraviesan muchas familias.

No estamos en condiciones, ante la falta de un conocimiento exacto del contenido del informe, de dar una opinión fundamentada sobre la viabilidad o no de las soluciones propuestas, pero en lo que si que estamos de acuerdo es en la necesidad de establecer todos los medios posibles para paliar dentro de lo posible la situación actual que sufren los afectados por una ejecución hipotecaria y las presentes y futuras consecuencias que implica la presente situación.

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